La institución que degrada el patrimonio de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas suele ampararse en amañadas interpretaciones legales, o en el silencio de las autoridades políticas, o en la ausencia de fiscalización. En el caso de las fuerzas armadas, para justificar su apetito por los bienes públicos, siempre queda bajo la manga el recurso de apelar al opaco universo de la Seguridad Nacional. Y ahí nadie puede meterse. Los organismos de la defensa y las policías, además de hacer caja mediante la dilapidación de bienes fiscales, han actuado de modo permanente como herramientas para los grandes grupos económicos de este país, que se hacen de bienes inmuebles del Estado a los que no tendrían acceso de otro modo. En esta investigación se entrega una detallada descripción de las formas de dilapidación del patrimonio territorial nacional, sus procedimientos, responsables y montos. De lo que se trata es de aportar antecedentes para que la ciudadanía, propietaria del patrimonio público, esté al tanto de este turbio desfalco, y para que, quien quiera que esté al mando de las decisiones políticas de la Nación, tome en cuenta que los apetitos y las prácticas de la inmobiliaria castrense y sus socios privados son enemigos a muerte del bien común.
